En un contexto legislativo claramente favorecedor hacia los métodos extrajudiciales, la mediación se postula como el método que mayor aceptación obtiene entre el conjunto de la sociedad. Según datos publicados por Arbitraje y Mediación (ARyME), el legislador que promoviese el uso obligatorio de la mediación como procedimiento previo a un juicio ordinario, se encontraría con una tasa de aprobación a su iniciativa de un 70%, y que es el resultado de la encuesta llevada a cabo por ARyME durante el recién finalizado mes de Mayo.

La mediación es un mecanismo extrajudicial voluntario que no vincula a las partes a menos que éstas, alcanzado un acuerdo mutuamente satisfactorio, decidan quedar vinculados por su propio acuerdo. Para José Antonio García, Director de ARyME “no nos sorprende que la autonomía de la propia voluntad obtenga semejante tasa de aceptación –incluso si se debiese usar la mediación obligatoriamente—porque no es un tópico: con la mediación ganan todos sin excepción; las partes porque resuelven ellas mismas sus diferencias; la sociedad porque no ha de ver necesariamente sus impuestos invertidos en resolver judicialmente problemas que las propias partes pueden resolver sin más intervención que la de un mediador experto y profesional.”

Las Comunidades autónomas de Madrid y Castilla-León han anunciado recientemente que elaborarán leyes de mediación familiar antes de que finalice el año en curso. “La familia es quizás el ámbito en el que mayores satisfacciones puede ofrecer la mediación profesional”, explica García Alvaro, “porque lo pactado perdura frente a lo impuesto, y porque lo pactado ofrece una medida de predecibilidad que todos en un entorno familiar anhelan frente a la incertidumbre del conflicto interminable.”, añade.