En un contexto caracterizado por el aparente auge del arbitraje civil en España, asistimos impasibles a la materialización de esfuerzos sistemáticos para imponer el arbitraje no como alternativa extrajudicial, sino como un foro inferior para la ventaja de una de las partes y lucro de entidades arbitrales.

Ante el abuso perpetrado en materia de arbitraje de consumo durante más de una década por entidades privadas ajenas al Instituto Nacional del Consumo, el Legislador se vio obligado a prohibir el pacto previo arbitral permitiendo el arbitraje privado sólo cuando ambas partes decidiesen recurrir al arbitraje una vez surgida la disputa. “El Legislador tomó una decisión histórica y de enorme transcendencia”, explica José Antonio García, Director de ARyME, “porque cortó de raíz el abuso de empresas hacia consumidores que aquéllas perpetraban a través de entidades arbitrales desprovistas de todo sentido de responsabilidad social. Parafraseando al Tribunal de Apelación de EEUU para el 9º Circuito, ‘los contratos de adhesión llevan en su seno la semilla del abuso’ y, en España, dicho abuso llegó a límites insostenibles”.