El Estado se desligará y serán las partes en litigio las que solventarán los costos de una mediación.

La mediación obligatoria previa a la iniciación de los juicios vigente para el fuero civil desde el 2 de mayo del año pasado será financiada por las partes, principales interesadas (en principio) en que el asunto se arregle sin pasar por un proceso judicial de duración incierta. Este es el criterio de la comisión de Legislación General de la Legislatura, que ayer dio dictamen favorable a un proyecto para reformar nuevamente la Ley 7.844 (consagra la aplicación compulsiva de este método alternativo de resolución de conflictos).