España | Madrid | 2015 | Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (Sección 1ª)

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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 1ª), nº 13/2015, de 28 de enero de 2015

En primer lugar, cuestiona la neutralidad de la Corte de Arbitraje por los siguientes motivos: 1º) Dos de los árbitros del colegio arbitral, Sres. Aureliano y Federico , habrían actuado como tales en arbitrajes precedentes en que el BBVA había sido parte; 2º) Al menos un tercio de los árbitros de esa Corte tienen vinculaciones con el BBVA y otros bancos comercializadores de swaps; 3º) El elevado coste del arbitraje, al prever la cláusula de sumisión un colegio de 3 árbitros; 4º) La Cámara de Comercio de Madrid -de quien depende la Corte que ha administrado este procedimiento arbitral- tiene suscrito con el BBVA un acuerdo-marco de colaboración financiera valorado en 2500 millones de euros; 5º) Los árbitros de la Cámara de Comercio de Madrid reciben formación de reciclaje en materia de derivados y swaps por NETVALUE FORENSIC, que es la principal firma forense que presta actualmente servicios de peritación financiera a las entidades bancarias.

En el procedimiento de designación de árbitros como en la designación misma se ha de observar, de un lado, un mandato legal, y, de otro lado, una prohibición: el mandato viene impuesto por el art. 15.2 LA cuando establece que en el procedimiento para la designación de árbitros -y a fortiori en la designación misma- no se puede vulnerar el principio de igualdad ; la interdicción aparece en el art. 17.1 LA cuando, tras afirmar que “todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial”, añade: ” En todo caso , no podrá mantener con las partes relación personal, profesional o comercial “

La exigencia indeclinable del art. 17.1 LA debe entenderse referida, en todo caso, tanto al momento presente como al momento futuro. De un lado, la Ley quiere destacar que, en el momento de la designación como árbitro, no deben existir ciertas relaciones entre los árbitros y las partes -una o todas- que puedan poner en entredicho las garantías de imparcialidad e independencia. De otro lado, la prohibición no puede dejar de proyectarse pro futuro, de tal modo que las partes no se relacionen extraprocesalmente con el árbitro mientras se desarrolla el procedimiento arbitral y hasta que se dicte el laudo. Tales relaciones podrían dar lugar a sospechas fundadas sobre la imparcialidad e independencia del árbitro; de ahí que, para evitar recusaciones por esos motivos sobrevenidos, el legislador impone el deber de que entre las partes y los árbitros se mantenga la distancia necesaria que requieren las garantías de neutralidad e independencia. Estamos, en efecto, ante una verdadera prohibición: la Ley prohíbe tales relaciones, y si éstas existieran en el momento de la designación -en determinados casos incluso antes- podrían ser alegadas como motivo de recusación y, en su caso, dar lugar a la sustitución del árbitro.

En total coherencia con esa prohibición la Ley establece una obligación correlativa: la obligación de la persona propuesta como árbitro y también del árbitro, a partir de su nombramiento, de ” revelar todas las circunstancias que puedan lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia ” (art. 17.2 LA); más aún: el precepto precisa con mayor detalle el alcance de esa obligación para el caso de que el árbitro ya haya sido designado: entonces su deber consiste ” en revelar a las partes sin demora cualquier circunstancia sobrevenida “.

ESTIMAMOS la demanda de anulación del laudo arbitral formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª Gema Avellaneda Peña, en nombre y representación de REPOS I REPÀS, S.L. , anulando el laudo arbitral dictado con fecha 14 de enero de 2014 por el colegio integrado por D. Aureliano (Presidente), Dª María Consuelo y D. Federico en el procedimiento arbitral nº 2428, administrado por la CORTE DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID; sin expresa imposición de las costas causadas en este procedimiento.

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