El TC anula el arbitraje imperativo para resolver conflictos en seguros de defensa jurídica

Tribunal Constitucional España2018 | Febrero 7
La mañana del 7 de febrero se hacía pública la sentencia 1/2018 del Tribunal Constitucional en la que declaraba la inconstitucionalidad de uno de los artículos de la Ley 50/1980, sobre el contrato de seguro de defensa jurídica.

Concretamente, la sentencia declara nulo el artículo 76 e) de la citada ley, tras estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en octubre de 2015.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Encarnación Roca Trias, considera que ese artículo en particular comporta una vulneración del artículo 24.1 de la CE sobre el derecho a una tutela judicial efectiva, y otra del artículo 117 de la CE, en lo referente al principio de exclusividad de la jurisdicción ordinaria al eliminar para una de las partes del contrato la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales, fijando una vía alternativa excluyente de la jurisdiccional que depende únicamente de la voluntad de una de las partes.

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Un pensamiento en “El TC anula el arbitraje imperativo para resolver conflictos en seguros de defensa jurídica

  1. El asunto es sobre el 76e de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro que el TC anula por considerarlo inconstitucional.

    “El asegurado tendrá derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que pueda surgir entre él y el asegurador sobre el contrato de seguro. La designación de árbitros no podrá hacerse antes de que surja la cuestión disputada.”

    Como norma general el abuso deviene cuando quien redacta un contrato se arroga el derecho de acudir a arbitraje o a la jurisdicción ordinaria unilateralmente impidiendo a la parte más débil acudir a mecanismos más sencillos y económicos para la resolución de disputas.

    En este caso quien se queja es el asegurador, por mucho que la ley mencione con respecto al asegurado que “tendrá” derecho, concepto que no le obliga a arbitrar, sino a optar bien por el arbitraje, por la vía jurisdiccional ordinaria

    El caso es que el asunto no se dirime sobre la existencia de un abuso, sino sobre si este artículo impide la tutela judicial efectiva que parece entender solo se da en procedimiento judicial ordinario. Esto es absurdo. El arbitraje no pasa de ser un cauce procesal distinto al jurisdiccional ordinario que bajo ninguna circunstancia es enteramente aprocedimental, sino procesalmente algo más sencillo y económico. De igual manera, la ley de arbitraje encarna en su artículo sobre anulación de laudos la esencia de la tutela judicial efectiva solo que en términos y condiciones extraordinariamente estrictos y ello para que el arbitraje sea cauce procesal eficaz a la par que constitucional. Sucede que esta ley es anterior a la ley de arbitraje del ’88

    Pintan bastos para el arbitraje en su generalidad –desde 1988 han pintado bastos—porque declarar el 76e inconstitucional bien podría sugerir que el arbitraje sea inconstitucional y ello porque lo que está sugiriendo es que el arbitraje niega la tutela judicial efectiva. A lo mejor la cosa es sobre la “cláusula perfecta” a juicio de juez; a lo mejor la mentalidad española sea más acorde con la ley de arbitraje de 1953 que solo permitía arbitrar con permiso de juez y solo tras surgir disputa.

    Digo sinceramente y con harto pesar que quien se meta en arbitraje o mediación no sabe en qué se mete. Y sí…mucho hablar de si el arbitraje o la mediación se ha venido usando desde el año chimpún. El caso es que por mucho que nos vanagloriemos de modernidad casi parece que seamos chimpún de alma. No acabamos de confiar en nosotros mismos a la vez que confiar en nuestro Poder Judicial, así como no creo que acabemos de asimilar que debiera haber diferencia entre tutela y paternalismo de colleja, pero no parece estar sucediendo, no todavía.

    No es menos cierto una cosa: ¿qué pinta el 76e en una ley? Una cosa es que se derogue en vía legislativa por improcedente hoy día ya que las partes son libres de acordar el arbitraje desde 1988; otra, distinta, es que se declare conceptualmente inconstitucional en sede judicial.

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