Arbitraje

El arbitraje es un método para la solución de disputas en el que las partes interesadas se someten voluntariamente a la tutela de un tercero de su confianza –el árbitro— para que les escuche y resuelva definitivamente sus diferencias de criterio. El arbitraje, por lo tanto, sirve para resolver disputas entre empresas o entre particulares de forma definitiva y vinculante.

Sobre procedimiento

El arbitraje es un procedimiento extrajudicial complejo. La mayor parte de los reglamentos arbitrales contienen varias decenas de artículos que regulan desde el procedimiento de admisión a trámite hasta la entrega del laudo a las partes. Entre el principio y el final del procedimiento se pueden dar innumerables circunstancias que pueden hacer necesaria la remisión al reglamento o al código deontológico que la entidad administradora haya redactado para guiar su actuación en situaciones complejas que no estén contempladas en su propio reglamento.

Aunque no es necesario contratar representación letrada para acudir a un arbitraje, es muy aconsejable consultar con un abogado debidamente autorizado para el ejercicio de esta profesión, ya que los errores que se cometen durante el proceso arbitral como consecuencia de la falta de familiaridad con este proceso son prácticamente incurables una vez que el árbitro entregue su laudo a las partes. No haber sido representado por abogado no es causa en sí misma de nulidad de un laudo en ningún lugar del mundo.

Sobre las variantes

En su vertiente administrativa el arbitraje tiene dos modalidades distintas, esto es, arbitraje “institucional” y arbitraje “ad hoc”.

El arbitraje institucional es el administrado por una entidad que, a cambio de unos honorarios, administra la totalidad del procedimiento desde la admisión a trámite hasta la entrega del laudo.

El arbitraje institucional es adecuado para empresas no familiarizadas con el arbitraje en general o con el arbitraje en una determinada jurisdicción. La ventaja de acudir a una entidad arbitral consolidada reside en que ésta administra el procedimiento arbitral en consonancia con la ley aplicable en cada caso y cuenta con un panel de profesionales a quienes designa de acuerdo con su reglamento. La desventaja es el coste del servicio de administración que puede ser sustancial dependiendo de la naturaleza de la disputa y/o de la institución. La segunda desventaja es que el panel de una institución sea limitado y que no pueda en conciencia administrar su asunto. Si eso sucediese, las empresas se encuentran ante una cláusula inútil. Por este motivo es aconsejable hablar y reunirse con la institución arbitral de preferencia antes de incluir su cláusula en un contrato.

En el caso de entidades con convenios internacionales para compartir árbitros es también aconsejable saber a ciencia cierta quien será el árbitro o cómo se designará, quién administrará el procedimiento y cómo y de qué manera un árbitro de otra institución estará familiarizado con un reglamento arbitral que no es el de su institución de origen.

El arbitraje “ad hoc” se produce cuando las partes encomiendan la administración del procedimiento al árbitro que elijan de tal suerte que éste actúa como árbitro y como administrador.

Esta modalidad es empleada por empresas y profesionales experimentados en arbitraje y que confían en la experiencia e imparcialidad del profesional a quien mutuamente nombran. La ventaja de esta modalidad es la eliminación del intermediario y su coste, así como la posibilidad que ofrece a las partes para ampliar el campo de búsqueda del profesional más adecuado a su circunstancia concreta. La desventaja se produce cuando el árbitro no es un buen administrador del proceso ya que raramente éste o las partes están sujetos a una normativa procesal pactada de antemano.

Sobre las modalidades

Dependiendo de quién actúe como árbitro, el arbitraje tiene a su vez dos modalidades distintas: el arbitraje de derecho y el arbitraje de equidad. La diferencia entre ambas modalidades radica en la profesión del árbitro. Para que se produzca el arbitraje de derecho, el árbitro debe ser preceptivamente abogado en ejercicio. El arbitraje de equidad permite que cualquier otro profesional ajeno al derecho actúe como árbitro, pero sin excluir a los abogados, que también pueden actuar en equidad.

Es muy inusual que el arbitraje se lleve a cabo mediante árbitros que no sean abogados, especialmente en arbitrajes con un único árbitro. En las pocas ocasiones en que sucede, la selección de profesionales que no sean abogados para actuar como árbitros se circunscribe casi exclusivamente a arbitrajes en los que las partes optan por constituir un colegio arbitral de tres árbitros.

Por último destacar que el laudo que se dicte en un proceso arbitral no lo dicta la institución que administra el proceso, sino el árbitro.

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