Evaluación Neutral

La evaluación neutral es un proceso mediante el que un tercero, experto e independiente de las partes (evaluador), emite un informe respecto a las posiciones y argumentos de hecho y/o derecho de cada parte, así como un sumario de recomendaciones sobre las que las partes pueden construir su propio acuerdo y resolver sus desavenencias.

Desde su imparcialidad y experiencia profesional, el evaluador que las partes elijen libremente ayuda a cada una a valorar sus respectivas posturas y argumentos. Además, el evaluador plantea en su informe recomendaciones independientes sobre las que las partes pueden construir un acuerdo que satisfaga a ambas.

La evaluación neutral no culmina en la obtención de una solución impuesta por el evaluador, sino en el posterior acuerdo que éstas puedan alcanzar como resultado de su análisis y recomendaciones. Todo depende de los interesados, que son en todo momento los protagonistas del proceso.

Objetivos de la Evaluación Neutral

La meta de la evaluación neutral es el acuerdo entre las partes.

La evaluación neutral tiene su fundamento en la equidad, privacidad, en la libertad de las personas para solucionar sus propios asuntos, y en los legítimos intereses de todas las personas o empresas que de un modo u otro se vean afectadas por un conflicto.

La evaluación neutral pretende por lo tanto:

  • Reanudar o facilitar la comunicación entre las partes sobre la base del análisis y recomendaciones del evaluador.
  • Obtener un análisis y recomendaciones atendiendo a cada situación concreta.
  • Ayudar a las partes a alcanzar acuerdos duraderos.

Destinatarios de la Evaluación Neutral

La evaluación neutral va dirigida a todas las personas o empresas que se encuentren inmersas en una situación de conflicto, civil o mercantil de cualquier naturaleza.

El proceso de la Evaluación Neutral

El proceso se inicia generalmente por escrito conjunto a la entidad administradora del proceso de evaluación neutral, que envía a ambas partes listas idénticas de evaluadores para que elijan a su auditor.

Simultáneamente, se suelen enviar también a ambas partes formularios idénticos para que seleccionen una fecha de reunión con el evaluador que elijan. En aproximadamente diez días se nombra al evaluador y se señala una fecha de reunión.

El evaluador comunica a las partes, a través del administrador, la fecha en la que éstas pueden presentar la documentación y/o argumentos escritos que cada cual estime oportunos con objeto de llegar a un mejor entendimiento de sus diferencias antes de escucharles en reunión conjunta.

Finalizada la reunión, el evaluador podrá solicitar que las partes presenten sus escritos de conclusiones en una fecha que él determinará. Finalizado el proceso de audiencia, el evaluador dispone de un periodo establecido de tiempo para emitir su informe contado desde la fecha de la última reunión con las partes, o la fecha en la que éstas deban presentar sus respectivos escritos de conclusiones.

La reunión con el evaluador es opcional si bien el evaluador habrá de reunirse con las partes si cualquiera de ellas solicita una reunión.

Las partes podrán asesorarse por los profesionales que estimen oportuno.

Confidencialidad e imparcialidad

Todos los evaluadores serán imparciales respecto a las partes.

La evaluación neutral es absolutamente confidencial. El evaluador no divulgará a terceros ningún aspecto relativo a los asuntos tratados por las partes con él/ella.

Del mismo modo, el administrador se compromete a mantener la confidencialidad de todos los datos que le sean facilitados por las partes.

Toda la documentación que los interesados deseen ofrecer al evaluador, individual o conjuntamente, les será devuelta cuando finalice el proceso de evaluación.

¿Quién es el evaluador?

Es el profesional que evaluará los asuntos conflictivos entre las partes, pero no tendrá autoridad para imponerles una solución.

Los evaluadores son expertos en una gran diversidad de disciplinas profesionales. La evaluación neutral puede desarrollarse en Derecho o en equidad, es decir, depende de las partes decidir el perfil profesional del evaluador. Si las partes desean que el informe evalúe argumentos de Derecho y/o que sus recomendaciones se basen en Derecho, el evaluador deberá ser necesariamente abogado en ejercicio.

En la preparación de su informe, el evaluador se comportará en consonancia con la deontología profesional propia de su actividad.

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